El oficialismo bonaerense presentó en la Cámara baja de la provincia un proyecto de ley para habilitar en la Provincia el funcionamiento de las empresas de redes de transporte, que operan a través de plataformas digitales como Cabify, Uber, Lyft, entre otras. La iniciativa busca así legalizar la actividad de esas compañías y evitar que se produzcan más hechos de violencia como los ataques que se registraron en la ciudad por parte de grupos de taxistas.

No obstante, la normativa prevé que tanto las empresas de redes de transporte como sus choferes cumplan con las mismas obligaciones impositivas y de seguridad que hoy afrontan los taxis y remises.

El proyecto lleva la firma del diputado por la Coalición Cívica (Cambiemos), Guillermo Castello. Nuestro proyecto les exige a los choferes que cuenten con las debidas inscripciones impositivas y previsionales, carnet profesional, certificado de antecedentes penales, VTV, cobertura de seguros a pasajeros, etcétera. Además, obligamos a las empresas a constituir domicilio en la provincia de Buenos Aires y a cumplir con los mismos requisitos que cualquier empresa radicada en suelo bonaerense, lo que permite también fiscalizar su funcionamiento”, sostuvo el diputado y agrego que propone que tanto taxis como remises “puedan utilizar también las plataformas digitales para captar nuevos clientes acostumbrados a este tipo de servicios”. Y agregó: “La ley prohíbe expresamente que las empresas de redes de transporte puedan levantar pasajeros en la vía pública”.

Finalmente, el diputado explicó que “hay miles de personas que desean viajar utilizando estas plataformas porque brindan generalmente mejores precios y mas información y seguridad para el usuario. También hay una importante cantidad de vecinos de la provincia que quieren trabajar aprovechando la flexibilidad horaria que ofrece esta modalidad como es el caso de estudiantes universitarios, jubilados y amas de casa que hoy se ven impedidos de hacerlo por algunos fallos judiciales muy cuestionables y por la persecución de los sindicatos de taxis”.

Por último, cuestionó que haya funcionarios en actividad que se opongan al desarrollo de las nuevas modalidades de contratación del servicio de transporte. “Lamentablemente encontramos a autoridades que pretenden prohibir la actividad de estas empresas, pero que en realidad no saben cómo afrontar las posibilidades que brindan los avances tecnológicos. Hay una demanda social importante y un vacío legal que debemos llenar para dar una respuesta que termine con las situaciones de violencia que sufren tanto choferes como pasajeros”, concluyó.