Méndez aseguró que en los últimos días más de 20 presos volvieron a sus domicilios en ese distrito. Según explican desde San Miguel, los presos que cumplen con prisión domiciliaria cuentan con condenas por estafas reitereadas, tenencia de arma, robo agravado, privación ilegal de la libertad, extorción, abuso sexual, encubrimiento, robo calificado, robo con arma de fuego, estafa, comercio de estupefacientes, corrupción de menores, tráfico ilegal de estupefacientes y violencia agravada por el vínculo.
«Toda persona merece condiciones dignas en la cárcel; entre ellas, estar protegida de los efectos del Coronavirus. Pero que los presos vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención, claramente no es la solución», escribió el jefe comunal en su cuenta de Twitter.
De las cárceles bonaerenses salieron unos 753 presos de las cárceles bonaerenses y más de 200 de las federales. En la provincia comenzó a liberar internos tras un habeas corpus colectivo firmado por el juez de Casación, Víctor Violini.
Todo ocurre en el marco de una crisis carcelaria con conflictos en la mayoría de las unidades penales y con dos motines violentos como fue el de Melchor Romero y Florencio Varela. En este último, incluso murió uno de los internos, al parecer a causa del disparo del arma de uno de los guardiacárceles.

Esos incidentes apuraron el reclamo de los jueces penales de la Provincia por una «solución política» para resolver la superpoblación, las falencias de alimentación de los detenidos y la violencia intramuros en medio de la pandemia por el coronavirus.

Según el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, «el principio general» en la Provincia de Buenos Aires «no es liberar» presos, sino ocuparse «solamente de los grupos de riesgo» dentro de las cárceles en el contexto de pandemia de coronavirus, en líneas con las declaraciones del presidente Alberto Fernández.