Según consta en el acta, la empresa explicó que “no ha podido resolver los problemas económicos que hacen imposible la continuidad productiva”, y que por ese motivo se vio obligada a iniciar los trámites de cierre. También indicó que abonará el Sueldo Anual Complementario (SAC) y otros haberes pendientes. El conflicto se originó en octubre de 2025, cuando GEPSA planteó una caída del 30% en las ventas. A raíz de esto, se firmó un acuerdo con el sindicato del sector que implicó reducciones salariales y de jornada laboral para evitar despidos. Sin embargo, semanas después comenzaron los incumplimientos en los pagos y la empresa decidió otorgar vacaciones en enero a todo el personal, sin efectuar los pagos correspondientes. Durante la audiencia del 29 de diciembre, la compañía ratificó que el cierre era la única alternativa viable. La posición fue rechazada por el sindicato de Molineros, que solicitó la continuidad de la actividad y dejó asentada la posibilidad de iniciar acciones legales y gremiales. Actualmente, los trabajadores mantienen una guardia en la puerta de la planta, ubicada sobre el inicio de la ruta 34, a la salida del centro de Pilar. Aún no recibieron telegramas de despido, y algunos conservan la expectativa de que la actividad pueda reanudarse en febrero, tras el receso de enero. Juan Peralta, uno de los empleados, expresó al medio local Pilar de Todos que “la empresa quiere desprenderse del personal con antigüedad”, y consideró que podría tratarse de una estrategia para reabrir con nuevos trabajadores y en condiciones distintas, en el contexto de los cambios introducidos por la reforma laboral y la Ley Bases. No obstante, el acta oficial no contempla la posibilidad de una reapertura ni suspensiones transitorias. El conflicto continúa abierto, con nuevas audiencias previstas entre las partes y con 80 familias atravesando una situación de incertidumbre laboral a la espera de definiciones.