Tuvo la idea de llamar a un auto, mediante la aplicación Cabify, una empresa que ofrece ese servicio. Cuando llegó el auto, cruzó la calle para subir.

Debió pasar entre una fila de taxis estacionados.
Los taxistas, que estaban a la espera de pasajeros, se molestaron porque en lugar de tomar un auto de ellos, optó por uno de Cabify, al que había llamado diez minutos antes.
Cruzaron la calle e impidieron que el “Cabify” arrancara.
Ante esto, Elizalde bajó y les pidió que lo dejaran pasar porque era tarde y quería irse a su casa.
No pudo continuar hablando. Un golpe en su espalda lo hizo callar. No fue el único golpe. Hubo otros. Uno en la nuca. Otro le partió el labio. Cayó al suelo. Le quitaron las zapatillas y las arrojaron a un terreno vecino. Los atacantes, tres o cuatro, volvieron a sus taxis y se fueron.
Todo por no tomar uno de los taxis que estaban estacionados en la puerta del boliche, a la espera de pasajeros.
El martes 12 de junio, Verónica Cheja denunció que en Pueyrredón y Libertador, muy cerca de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, un “Cabify” llevaba a su hijo de 10 años cuando, en el semáforo, el conductor de un taxi le disparó un balazo de goma que rompió el vidrio y su hijo se salvó por centímetros de que no le pegara.
¿Hasta cuándo debemos permitir que las mafias impongan sus normas?
Cabify cumple con todos los requisitos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, es legal. Pero, aunque no lo fuera, los métodos patoteros deben ser desechados y castigados si pretendemos tener un país mejor.
Los autos de Uber también son atacados con violencia.
Buenos Aires es una gran ciudad. Tiene una belleza que atrapa e invita a recorrerla. Sin embargo, tiene asignaturas pendientes. La mafia de los taxis no es la única. Los vendedores ambulantes, si bien han disminuido, continúan ocupando los espacios públicos y compiten deslealmente con los comercios establecidos.
Los “trapitos” también ejercen la violencia. Y la intimidación que practican se ha transformado en ataques que han dejado heridos.
Pero el Gran Buenos Aires también tiene su historia.
Hace unos meses, una patota del sindicato de Estaciones de Servicios, intentó impedir que una estación de servicio de Lomas de Zamora abriera, en el marco de un paro sectorial. Y hace muy pocas semanas, en otro nuevo apriete, el gremio de Camioneros, bloqueó a una empresa de transportes de La Matanza, cuyo dueño, Enrique Cieri, se negó al pago “extra” de 200.000,- pesos. Cieri no pagó, pero los aprietes y amenazas continuaron y su empresa quebró.
Qué tiene que suceder para que estas acciones mafiosas sean castigadas.
Hasta cuándo los ciudadanos no tendremos libertad de elegir.
Hasta cuándo las autoridades mirarán para otro lado.
Hasta cuándo la impunidad.
¡Ah! ¿Y la toma de colegios? Un grupo minoritario de estudiantes secundarios tomó algunos colegios en reclamo de la aprobación del proyecto de ley sobre el aborto. No se dictaron clases debido a la toma. La mayoría de los alumnos se vio privada de aprender. ¿Por qué? ¿No podían manifestarse frente al Congreso Nacional, como lo hicieron otros? ¿Tendrán algún castigo por lo que hicieron?
Y así podríamos seguir. El jueves 14 un individuo de unos 30 años entró a la sacristía de la Parroquia de San Cayetano, en Liniers, y robó el dinero de la colecta de las misas. Fue filmado por las cámaras de seguridad, se hizo la denuncia y el viernes 15 fue atrapado. Era reincidente, pero esto no fue obstáculo para que, en menos de 24 horas, recuperara la libertad.
Funcionarios políticos, jueces y fiscales, fuerzas de seguridad. Todos tienen una cuota de responsabilidad, porque en nuestro querido país los castigos brillan por su ausencia.
Pero cuidado, porque como dijo Sófocles, “Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.

Carlos Rago