El ex intendente de Lincoln y los restantes ex funcionarios dejaron la comisaría de General Pinto y fueron derivados a Junín. Aunque primero había trascendido que serían trasladados a Saavedra, finalmente ahora están a pocos kilómetros de sus familias.

El proceso que investiga presuntos hechos de corrupción durante la anterior gestión de Gobierno en Lincoln ha sumado una nueva alternativa. Encabezados por el ex intendente Jorge Fernández, los cuatro imputados que tenían prisión preventiva y estaban alojados en la Estación de la Policía Comunal de General Pinto fueron derivados el viernes a la Unidad Penitenciaria Nº 13 de Junín.
Tras la medida de prisión preventiva dictada por la titular del Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Junín, Marisa Muñoz Saggese, el siguiente paso era el traslado a una unidad penitenciaria o alcaldía, a la espera del juicio o de recuperar la libertad.
El viernes por la mañana, temprano, comenzaron los movimientos en la esquina de la avenida Mitre y la calle Gowland de General Pinto. Y, para las 11:00 horas, estaba todo listo. No fueron necesarios cascos ni chalecos, como en los casos más resonantes. Cerca de las 13:00, los cuatro imputados fueron introducidos en el móvil y partieron hacia el acceso Guerino Volpe, y, desde allí, por la Ruta Nacional Nº 188, hasta “la 13” (como se conoce a la unidad penitenciaria juninense).

SAAVEDRA
El martes habían surgido trascendidos que indicaban que Fernández y compañía serían trasladados a la unidad Nº 19 de la localidad de Saavedra, en el partido homónimo, que tiene como cabecera distrital a la ciudad de Pigüé. De hecho, el miércoles por la mañana estaba todo preparado para la derivación. Incluso, familiares de los imputados se habían llegado hasta General Pinto para despedirlos.
La localidad de Saavedra está situada a 411 kilómetros de Lincoln, lo que implica unas cinco horas de viaje. Pero algo había pasado a último momento y el cambio de destino no se había hecho. Dos días más tarde, los detenidos fueron llevados a Junín, a unos 60 kilómetros de sus familias y amigos.

LA CAUSA
El ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández; el ex contador municipal, Walter Fernández; el ex tesorero comunal, Marcelo Porto; y el ex secretario de Hacienda, Mario Ruiz, están detenidos desde el 24 de enero último, “imputados de los delitos de asociación ilícita; falsificación o adulteración ideológica de documentos; fraude en perjuicio de la administración pública; uso de documento o certificado falso o adulterado, reiterados en concurso real”, según habían informado desde la Fiscalía General del Departamento Judicial de Junín. Además, Silvia Mazaitis también había sido encarcelada en la misma fecha, pero había sido liberada cuatro días más tarde, luego de haber declarado.
Desde aquel día, los cuatro detenidos habían quedado alojados en la Estación de la Policía Comunal de General Pinto, a la espera de que se resuelvan sus situaciones procesales. El miércoles 28 de febrero, la jueza Muñoz Saggese les había dictado la prisión preventiva.

LAS FIRMAS
El martes, el abogado Juan Martín De Mingo, patrocinador de Luis Siri y Néstor De Mingo -quienes aparecen en la causa como testigos-, había contado algunos detalles sobre la situación de sus asistidos dentro de la causa y había abierto nuevos interrogantes.
“Cuando tomé conocimiento de la causa, me llamó la atención la documentación presentada, a raíz de los dichos del intendente (Salvador) Serenal, quien afirmó que mis dos representados habían robado. Entonces me presenté en el Juzgado y no pudimos tener acceso a la causa, porque ellos no son imputados en el delito que se investiga. Nos presentamos en La Plata para ver la documentación que tiene el Tribunal de Cuentas y pudimos ver que las firmas que constaban en esos documentos no correspondían a las firmas de mis asistidos”, había dicho el letrado. Y en el mismo sentido había agregado: “A raíz de eso presentamos una denuncia, ante el fiscal Javier Ochoaizpuro, como víctimas por la falsificación de las firmas. Se nos recibió declaración y solicitamos que se realizaran las pericias para determinar que las firmas son falsas. Efectivamente eso se hizo por parte de un perito oficial y determinó que las firmas no eran hechas por mis asistidos, lo que nos situó dentro de la investigación como testigos”.
De allí surge la duda sobre quién falsificó las firmas y sobre si alguno de los detenidos podría estar en esa condición a causa de haber sido víctima de la falsificación de su firma. La investigación deberá develar ése y varios interrogantes más.

G.T.